El Gobierno convoca 97 plazas para la Inspección de Trabajo en una oposición que buscará reforzar la lucha contra el fraude

El proceso se enmarca en la oferta de empleo público para 2025 y responde a lo dispuesto en el Real Decreto 651/2025. De las 77 plazas de acceso libre, 10 están reservadas para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Asimismo, la convocatoria incluye 3 plazas a petición de la Generalitat de Cataluña, en aplicación del régimen de traspaso de funciones en materia de inspección laboral. Por su parte, el turno de promoción interna oferta 20 plazas, con una reserva también para el cupo de discapacidad.

Los requisitos para los aspirantes son estrictos. Para el acceso libre, se exige titulación universitaria oficial de Graduado en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. Los que opten por la promoción interna deben pertenecer, como mínimo, a cuerpos o escalas de los subgrupos C1 o B de las Administraciones Públicas y contar con al menos dos años de antigüedad. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del 31 de diciembre de 2025, debiendo realizarse exclusivamente por vía electrónica a través del Punto de Acceso General.

Un proceso selectivo exigente y prolongado El proceso de selección se configura como una oposición para el acceso libre y un concurso-oposición para la promoción interna, con una última fase de curso selectivo y prácticas comunes para ambos. La fase de oposición consta de tres ejercicios eliminatorios que se celebrarán en Madrid y Barcelona, y que evaluarán conocimientos sobre un extenso temario que abarca desde Derecho Constitucional y Administrativo hasta Derecho del Trabajo, Seguridad Social y procedimiento sancionador.

Uno de los aspectos más destacados es la duración máxima establecida para todo el proceso: dos años desde su publicación. No obstante, las fases de oposición deberán completarse en el plazo de un año. Este extenso horizonte temporal plantea interrogantes sobre la agilidad en la cobertura de unas plazas demandadas en un contexto de creciente complejidad del mercado laboral y de presión para combatir la economía sumergida.

Contexto y críticas potenciales La convocatoria llega en un momento de debate sobre los recursos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS). Diversos informes y sindicatos han venido alertando sobre la insuficiencia de efectivos para cubrir el vasto territorio nacional y el universo empresarial, lo que limitaría la capacidad disuasoria y de control del organismo. La incorporación de casi un centenar de nuevos subinspectores podría suponer un refuerzo significativo, aunque su efectividad última dependerá de la celeridad del proceso selectivo y de la posterior distribución territorial del personal.

Otro punto de atención es la coordinación con las comunidades autónomas, en especial con Cataluña, reflejada en las plazas específicas convocadas a su petición. Esto evidencia la naturaleza compleja y compartida de la función inspectora en el Estado autonómico, un aspecto que la propia Ley 23/2015 trata de ordenar bajo los principios de unidad de ingreso y carácter único de los cuerpos de inspección.

Desde una perspectiva crítica, se puede cuestionar si el diseño del proceso, con tres ejercicios escritos y un curso posterior, es el más idóneo para evaluar las competencias prácticas necesarias para la labor inspectora, que requiere no solo conocimiento teórico, sino también habilidades de análisis, resolución de conflictos y trato con ciudadanos y empresas. Además, la garantía de igualdad de oportunidades y la accesibilidad para personas con discapacidad quedan plasmadas en la convocatoria, que detalla ajustes razonables y reserva de plazas, alineándose con la legislación vigente.

En definitiva, esta convocatoria representa una inversión en el refuerzo de una pieza clave del estado de bienestar y del cumplimiento normativo. Su éxito, sin embargo, estará ligado a una ejecución ágil y transparente del proceso selectivo y a que los nuevos profesionales se incorporen a un sistema dotado de los medios necesarios para ejercer su labor con eficacia.

Fuentes

Resolución de 23 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría de Trabajo y Economía Social, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 314, de 30 de diciembre de 2025: BOE-A-2025-27064.
Real Decreto 651/2025, de 15 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2025.
Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.