02/05/2026 · BOE-A-2026-9525
El Gobierno de las Illes Balears despliega un paquete de medidas urgentes ante el impacto económico de la guerra en Oriente Medio
El Decreto-ley 1/2026 establece ayudas directas a sectores clave, bonificaciones fiscales y una flexibilización administrativa sin precedentes para mitigar el encarecimiento energético y la inflación en el archipiélago.
El Gobierno de las Illes Balears ha aprobado el Decreto-ley 1/2026, publicado en el BOE el 2 de mayo de 2026, para combatir los efectos disruptivos del conflicto bélico en Oriente Medio. La norma se justifica por la vulnerabilidad energética de la comunidad, donde el sector servicios representa el 85% del PIB, y el encarecimiento del barril Brent, que ha superado los 100 dólares. Entre los riesgos críticos señalados se encuentran el aumento del coste del transporte aéreo y marítimo, la volatilidad del gas natural TTF y un incremento histórico del precio de la electricidad, que alcanzó los 600 €/MWh el 10 de marzo de 2026.
El paquete económico incluye dotaciones millonarias distribuidas por sectores. Destacan 8 millones de euros para la industria y construcción, 6 millones para el transporte de mercancías, 3,5 millones para comercio y alimentos, y 2 millones para fomentar exportaciones mediante fletes. El sector primario recibe un apoyo significativo: 3,5 millones para piensos, 1,5 millones para fertilizantes y 750.000 euros tanto para el gasóleo agrario como para el pesquero, además de un millón de euros para el transporte de insumos agrarios y otro millón para bonos de consumo de producto local.
En el ámbito fiscal y financiero, el decreto establece bonificaciones en las tasas portuarias del 50% para navieras de línea regular y del 100% para diversas tasas de pesca profesional hasta el 30 de junio de 2026. Asimismo, se destinan 4 millones de euros para financiar la liquidez de pymes y autónomos. Para los ciudadanos, se introducen deducciones en el tramo autonómico del IRPF para paliar el encarecimiento de hipotecas a tipo variable y para quienes reciban subvenciones derivadas de esta crisis.
Desde una perspectiva crítica, el decreto implementa una drástica simplificación administrativa para agilizar el gasto. Se eliminan trámites de la Ley 1/2019 para la aprobación de bases reguladoras, se permite el pago de anticipos de hasta el 100% y se exonera la fiscalización previa de la Intervención General en diversas fases de gestión. Esta celeridad se complementa con la creación de programas temporales de personal funcionario interino para gestionar el volumen de expedientes, y una cláusula de revisión de precios en los contratos públicos aprobados hasta el 31 de diciembre de 2026.
Finalmente, la norma subraya que la efectividad de muchas de estas ayudas queda supeditada a la compatibilidad con el marco de ayudas de Estado de la Comisión Europea, conforme al artículo 107 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. El Gobierno balear ha enfatizado que el uso del Decreto-ley es lícito bajo la doctrina del Tribunal Constitucional, dada la necesidad extraordinaria y urgente de responder a una coyuntura económica problemática que amenaza la competitividad y el consumo en las islas.